ANTEPROYECTO DE LEY MODELO OHADAC RELATIVA AL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Artículo 72

Concepto de resolución.

Se entenderá por resolución cualquier decisión adoptada por un tribunal o autoridad equivalente de un Estado con independencia de la denominación que recibiere el procedimiento del que deriva la resolución o la resolución misma, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución.

413. Se incorpora una definición amplia y flexible de resolución, para hacer referencia a las diversas categorías de decisiones susceptibles de reconocimiento o ejecución en virtud de estas normas, que en principio incluye cualquier pronunciamiento sobre el fondo de un asunto, tanto condenas matrimoniales como decisiones de cualquier otro tipo. Por eso, en lugar del término sentencia se utiliza el de resolución, con una acepción jurídica menos precisa y capaz de englobar supuestos dispares. En todo caso, la definición debe combinarse con la existencia de restricciones específicas al reconocimiento y ejecución de algunas de esas resoluciones, así como con la circunstancia de que el alcance de ciertos controles puede varias en función de las características de las resoluciones. A esa misma orientación amplia obedece el empleo de la expresión “tribunal o autoridad equivalente”, de modo que comprende las decisiones de cualquier autoridad que tenga atribuidas funciones jurisdiccionales en materia de Derecho privado.

414. La definición de resolución utilizada a estos efectos se corresponde con el enfoque adoptado en los más modernos instrumentos internacionales de referencia en este sector. En este sentido, una definición similar puede encontrarse en el art. 4 del Convenio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro adoptado en el marco de la Conferencia de La Haya de DIPr, así como en el art. 23 del Anteproyecto de Convenio sobre competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil de 30 de octubre de 1999, elaborado en el seno de la misma institución. El criterio que inspira estas normas es coincidente con el que prevalece en los instrumentos sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones adoptados en el seno de la Unión Europea, ya desde el Convenio de Bruselas de 1968, cuya formulación más reciente se encuentra actualmente recogida en el art. 2. a) Reglamento 1215/2012 sobre competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil o Reglamento Bruselas I (refundición).

Por el contrario, el enfoque adoptado difiere en parte del que inspira la Convención Interamericana de Montevideo sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros de 8 de mayo de 1979. Conforme a su art. 1, la Convención permite que los Estados limiten su aplicación a las sentencias de condena en materia patrimonial, al tiempo que sólo prevé que pueda aplicarse a las resoluciones que terminen el proceso y a las dictadas por autoridades que ejerzan alguna función jurisdiccional cuando los Estados así lo declaren al momento de ratificarla.


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